Voces del Campo

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LOS INMIGRANTES EN UN PAIS DE CAMBIO.

                                                                                                                                                                                   Por Andrés Correa

Hace ya algunos años el desarrollo de la vida social norteamericana se ha visto afectado por una poderosa crisis, la cual ha generado el desarrollo de diversas y complejas situaciones que ameritan una toma de posición política efectiva, por parte del gobierno, para ser resueltas. Los procesos más claramente identificables son, la crisis de la  salud, la financiera y la de la inmigración. Frente a los dos primeros se han registrado un conjunto de reformas que por un lado, han permitido en el sector de la salud incluir a más de 33 millones de personas en la adquisición de un seguro médico, así mismo, en el sector financiero se han implementado una serie de medidas que ponen ciertas restricciones a los bancos y a las entidades financieras para que tengan una mayor supervisión por parte del Gobierno, hecho que se espera, tenga un impacto positivo a favor de los consumidores. Frente a la última situación que es la que trata el tema de la inmigración aun no se ha aplicado ninguna medida o reforma a nivel nacional, la cual permita resolver de alguna manera la situación legal de por lo menos 12 millones de personas que viven indocumentadas en este país.

El problema migratorio, como ya es bastante conocido, no es un fenómeno reciente, se puede decir que la historia norteamericana ha estado marcada por distintos grupos de inmigrantes que han llegado desde diversas latitudes con una notoria diversidad en el ámbito cultural, educativo y por supuesto laboral. Estos grupos han logrado incluirse de formas distintas en la sociedad mayor, aportando enormemente desde su singularidad al desarrollo del país. Sin embargo, las relaciones entre los establecidos y los recientemente llegados han pasado por variados momentos, en donde se repiten, de manera casi idéntica, argumentos a favor y en contra. Estas enunciaciones, las cuales en muchos casos se expresan con marcados apasionamientos, se han cristalizado en cambios o transformaciones a las leyes existentes, lo que nos permite ver por ejemplo, procesos como el de la otorgación de  amnistía para indocumentados en 1986.

De manera reciente, el Estado de Arizona aprobó la ley SB 1070, hecho que pone nuevamente en el debate la condición de  vulnerabilidad jurídica en la que se encuentran millones de personas, no solo en este Estado, sino a lo largo del país. De forma preocupante, esta ley tipifica como delito la estadía ilegal en Estados Unidos y otorga nuevas facultades a la policía para que realice verificaciones en el estatus de aquellas personas se presuma, manifiestan una “condición sospechosa”. La aplicación de esta ley se origina bajo el argumento de reducir los niveles de criminalidad en Arizona. Sin embargo, vale llamar la atención sobre los implícitos que esta ley maneja, por ejemplo.

Primero: El concepto de sospecha razonable “REASONABLE SUSPICION” presenta una enorme dificultad tanto en su definición como en su aplicación, se parte del supuesto en esta ley que cuando una persona presente un conjunto de comportamientos o rasgos que generen sospecha por parte de las autoridades competentes, se procede al interrogatorio o mejor a la indagación que permita establecer su estatus en el país. En este orden de ideas el interrogante lógico que se puede realizar es, ¿Quién o Quiénes serán los que en un Estado como el de Arizona se tornen sospechosos ante la mirada de las autoridades? Se debe partir del hecho que el Estado de Arizona tiene una población de casi 2 millones de hispanos, quienes representan aproximadamente el 30% de la población total. De manera contundente, la recurrencia por parte de las autoridades a criterios como el acento, el color de la piel, el fenotipo racial, parecen de una no difícil recurrencia. Es así como, la tipificación y la circulación de ciertos prejuicios sobre algunos grupos raciales, en especial los hispanos en el Estado de Arizona, son  “inevitables” en la aplicación de esta ley. 

Segundo: La inmigración indocumentada como delito: esta enunciación presupone por lo menos implícitamente, la homologación del inmigrante como delincuente, volviendo así, a la sospecha cultural que se ha repetido a lo largo de la historia, en distintos tiempos y países, de entender al extranjero como un enemigo, a quien se combate o en el peor de los casos se elimina. Hecho que ha conllevado a una exacerbación de la violencia por parte de grupos extremistas, que alimentan sus ideologías con el odio y el exterminio. No son pocos los casos de crímenes de odio que se registran en el país, en donde el  componente racial es definitivo

 De esta manera, la implementación de esta ley, que a todas luces se representa como negativa en el ejercicio de la democracia y del respeto de los derechos civiles básicos, ha tenido un impacto positivo como detonador de una discusión mayor que pone de manifiesto la ausencia de una política migratoria más realista con la situación actual que se vive. Las voces de protesta se han levantado desde organismos internacionales como la ONU hasta celebridades como Shakira o Gloria Estefan. Sin embargo, el desenlace de la cuestionada ley SB 1070 parece evidenciar dos escenarios posibles: El primero, marcado por una exacerbación de la discriminación y la violencia, en donde otros estados del interior del país asumen posturas similares a las de Arizona. El segundo, un tanto más esperanzador en donde, el Senado Norteamericano logra aprobar una ley de reforma migratoria comprensiva y generosa, con mecanismos claros para la legalización de millones de personas, así como, la proyección en el control de las fronteras para aquellos quienes apenas están llegando o están por llegar. Finalmente, será la sabiduría del pueblo Norteamericano la que tome una decisión  frente a la inclusión y el ejercicio de una ciudadanía universal o al cierre de las fronteras de la democracia.